La crisis del COVID-19 está reflejando la inestabilidad y fragilidad económica mundial, de la que México no va a salir muy bien librado. El Fondo Monetario Internacional prevé que nuestro país será uno de los más golpeados, tras estimar que la economía nacional se contraerá 6.6% este año, una caída más fuerte que el promedio para Latinoamérica, de 5.2%.
Mientras otros países con economías más fuertes están disponiendo de grandes cantidades de dinero para buscar que su tejido económico se vea lo menos dañado posible, en México sucede todo lo contrario, se están dando curitas para una herida que, de no tomar medidas serias, será cada vez más profunda.
Actualmente, los principales temas reflejados en los encabezados de prensa que el gobierno envía a los medios de comunicación tienen que ver con la entrega de despensas a personas vulnerables, acciones que son correctas, pero no suficientes para resolver la compleja crisis laboral y económica, como tampoco son suficientes los apoyos que el gobierno federal ha ofrecido a las empresas, a las cuales no ha dejado de acusar por despedir empleados. Si esto sigue así pronto veremos a micro empresarios ir en busca de esas despensas.
En México, más de 95% de las empresas son pymes, el 52% del Producto Interno Bruto (PIB) del país y 70% de todos los empleos formales −que pagan impuestos y cuotas de seguridad social− lo producen este tipo de empresas. Necesitamos ir por más para mantener a las pymes mexicanas como el principal motor de crecimiento. De no hacerlo, peligran puestos de trabajo, la recaudación de impuestos y la generación de empleo formal, con el riesgo de abonar aun más al 60% del empleo informal que ya existe en nuestro país, ¿esto es lo que realmente quiere el gobierno de López Obrador?
Quienes también saldrán afectados, principalmente en la franja fronteriza, son los inquilinos en lo relativo a los contratos de arrendamiento pactados en dólares sobre bienes inmuebles, toda vez que el tipo de cambio interbancario acumula una depreciación de 33 por ciento en lo que va del año y existe la expectativa de una depreciación mayor.
La pregunta es por qué en los contratos de arrendamiento de inmuebles en México, país en el que la moneda de curso legal es el peso, el precio se pacta en moneda extranjera, si por otra parte el impuesto predial, el impuesto de adquisición, los materiales de construcción y la mano de obra se pagan en pesos.
Por la geografía de Baja California, dentro de la franja fronteriza con los EE.UU., el flujo de dólares es común dentro del territorio de nuestro Estado, sin embargo, cada vez que el dólar gana terreno frente al peso se genera un golpe a la economía de los bajacalifornianos.
Es por ello que ese flujo se debe ajustar a las leyes vigentes de nuestra nación, y sobre todo cuando la ciudadanía tiene la imperiosa necesidad de rentar un inmueble para local comercial y se ve obligada a pactar la renta en dólares, pese a que su ingreso sea en Moneda Nacional, lo cual representa evidentemente una afectación y desproporción económica al bolsillo del microempresario.
La XXIII Legislatura de Baja California aprobó, el pasado 25 de marzo, una reforma en un transitorio del artículo 1986 del Código Civil, para establecer la suspensión de pagos en arrendamiento de vivienda y negocios, durante abril y mayo de 2020.
Ante la crisis económica que causará la contingencia del COVID-19, los legisladores avalaron que durante los dos siguientes meses no se considere mora o incumplimiento la ausencia de pago de rentas para locales comerciales y vivienda.
Cabe señalar que, la suspensión temporal “no libera a las personas de, en su momento, realizar el pago correspondiente”. Monto que, según la reforma deberá de distribuirse equitativamente en los meses siguientes a partir de junio, por lo que la medida no ayuda a resolver el problema de fondo de los pequeños y medianos empresarios, quienes tras la prorroga deberán ponerse al corriente con sus pagos y en un tipo de cambio que continua deslizándose al alza.
Por este medio, invito a nuestros representantes a tomar acciones para que los arrendamientos sean cobrados en moneda nacional, tal y como se estipula en el Código Civil del Estado y/o destinar los procesos necesarios para que los arrendamientos en dólares, se entiendan como en la cantidad equivalente en moneda nacional, pero al tipo vigente en la fecha en la que se celebró el contrato. De no hacer estas modificaciones por la presión de grandes intereses del sector inmobiliario, la crisis, sobre todo en Baja California, será mucho más aguda y los juzgados colapsaran, pero por las demandas de desalojo.
